La
coyuntura económica que ha agravado la situación económica de una inmensa
mayoría de los ciudadanos, han comportado que los niveles de sobrendeudamiento
sean en algunos casos inasumibles en su totalidad. El Gobierno ha entendido que
se debía aprobar un Real Decreto de segunda oportunidad.
A
grandes rasgos, la nueva ley de segunda oportunidad tiene como finalidad
equiparar el proceso concursal de una empresa al de una persona física. Así
pues, aquellos particulares y autónomos que estén en una situación de
endeudamiento con el denominador común de la buena fe, podrán liquidar sus
deudas con su patrimonio.
Nace
con la idea de facilitar un acuerdo extrajudicial en el que se reorganicen las
cuentas pendientes y se fijará una fórmula de pago que durará como máximo cinco
años. Una de las grandes incógnitas eran las deudas hipotecarias, éstas también
están incluidas en esta norma. Como contrapartida, quedarán exentos aquellos
saldos pendientes con Hacienda y la Seguridad Social.
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