Cuando
el Gobierno se planteó la implementación de la última amnistía fiscal en el
2012, con el fin de recaudar de los defraudadores cerca de 2.500 millones de
euros, la ciudadanía mostró su descontento, pues le pareció injusta dicha
medida. Finalmente el Gobierno recaudó más de los esperado, una suma que
ascendió a más de 12.000 millones de euros. Hoy en día, probablemente muchos de
los contribuyentes cumplidores se alegrarán al oír la noticia de que la Agencia
Tributaria Estatal había abierto 357 expedientes para investigar la procedencia
de los fondos recaudados, remitiendo al SEPBLAC los expedientes para que
investiguen posible comisión de delito de blanqueo de capitales. Se puede
apreciar como la amnistía fiscal había sido una “trampa” para aquellos que, aparte de haber eludido las obligaciones
tributarias, habían blanqueado el dinero procedente de delitos o quien sabe,
incluso para los que financiaron actos
del terrorismo.
Así,
por un lado se puede decir que dicha medida había sido un éxito en cuanto a los
objetivos recaudatorios se refiere, así como también en la lucha contra el
blanqueo de capitales y el castigo de las actividades delictivas. Por otro
lado, la desconfianza generada por el Gobierno es tal que cualquier amnistía
posterior será un fracaso, de modo que se optó por una medida a corto plazo,
pero a largo plazo perjudica la lucha contra el blanqueo y la evasión fiscal.
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