La clasificación previa de empresas contratistas es un
sistema previsto en la Ley de Contratos y su Reglamento para acreditar la
solvencia económica, financiera, técnica o profesional cuya regulación era muy
antigua y no estaba adaptada a la necesidad de agilidad en el funcionamiento de
la Administración que demanda la actual situación económica.
La reforma en esta materia se inició con la Ley de
apoyo a los emprendedores y con la Ley que impuso la factura electrónica, que
elevaron el umbral de la obligatoriedad de clasificación en contratos de obra
desde 120.000 a 500.000 euros y eliminaron esa obligatoriedad para los
contratos de servicios. Sin embargo, esta última eliminación estaba diferida al
necesario desarrollo reglamentario aprobado
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